Cuando una empres
a argentina negocia con un proveedor del exterior la incorporación de un sistema de inteligencia artificial, una plataforma SaaS o cualquier desarrollo de software que combine licencia y conocimiento técnico, surge una pregunta que muchas veces queda relegada a umite administrativo, pero que en realidad puede tener consecuencias fiscales y probatorias relevantes. Esa pregunta es si ese contrato encuadra dentro del régimen de transferencia de tecnología previsto por la Ley 22.426, y si corresponde inscribirlo ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Desde la entrada en vigencia de la Resolución INPI 38/2026, ese análisis cambió de enfoque, y entenderlo correctamente se volvió más importante que nunca para las empresas tecnológicas que operan con proveedores extranjeros.
Qué contratos quedan alcanzados por el régimen de transferencia de tecnología
La desaparición de la lista negativa traslada la responsabilidad al solicitante
Sin ese listado, cada contrato debe analizarse en función de su contenido económico real, lo que amplía el universo de acuerdos que potencialmente requieren evaluación, pero también traslada al operador jurídico y a la empresa una responsabilidad interpretativa mayor. El propio INPI aclaró que el registro conserva su carácter informativo y facultativo, y que no le corresponde a ese organismo evaluar el contenido económico del contrato ni actuar como autoridad fiscalizadora en materia tributaria, un rol que sigue en cabeza de la autoridad fiscal.
Menos carga documental, pero mayor exigencia declarativa
Entre las simplificaciones introducidas, se redujeron exigencias como la apostilla o legalización de documentos extranjeros, la acreditación formal de representación y el detalle exhaustivo de cada marca o patente comprendida en el contrato. A cambio, se refuerza el carácter de declaración jurada de toda la información presentada, con remisión expresa al artículo 14 de la Ley 22.426, que prevé sanciones para quien realice declaraciones engañosas u oculte información de manera maliciosa.
El desafío de calificar contratos tecnológicos híbridos
La mayor dificultad práctica aparece en los contratos tecnológicos contemporáneos, que rara vez se limitan a una licencia de patente identificable como ocurría cuando se dictó la resolución de 2005. Hoy es habitual que un mismo acuerdo combine desarrollo de software, acceso a una plataforma SaaS, parametrización, entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y servicios profesionales de soporte, todo bajo un único contrato. Determinar qué porción de ese negocio constituye una verdadera transferencia de tecnología y cuál corresponde a un servicio independiente sin transmisión autónoma de conocimiento es, en muchos casos, un ejercicio de calificación que exige un análisis técnico caso por caso, más que la aplicación mecánica de una fórmula.
Las consecuencias fiscales de una calificación incorrecta
La calificación de un contrato dentro o fuera del régimen de transferencia de tecnología no es una cuestión meramente registral. El propio artículo 1 de la Ley 22.426 remite a los supuestos previstos en el artículo 104, inciso a), apartados 1 y 2, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, vinculados con pagos por asistencia técnica, ingeniería, consultoría especializada y cesión o licencia de derechos de propiedad industrial. Además, la propia Ley 22.426 establece que la falta de presentación del contrato no afecta su validez civil o comercial, pero impide deducir las prestaciones abonadas al proveedor del exterior como gasto a los fines impositivos, lo que puede derivar en un tratamiento fiscal considerablemente más gravoso para la empresa receptora.
Qué deben revisar las empresas que contratan tecnología del exterior
Esta problemática se vuelve todavía más relevante en estructuras de grupo con proyección internacional, donde la propiedad intelectual y el software suelen concentrarse en una entidad holding que licencia esos activos a la sociedad operativa local, un esquema en el que los contratos intragrupo de transferencia de tecnología requieren particular atención. La discusión también se cruza, cada vez con más frecuencia, con proyectos que incorporan inteligencia artificial, donde ya analizamos qué ocurre con la titularidad de lo que la IA genera, un ángulo distinto pero complementario al de esta nota.
Preguntas frecuentes sobre transferencia de tecnología en Argentina
¿Es obligatorio inscribir un contrato de transferencia de tecnología ante el INPI?
La inscripción tiene carácter informativo y facultativo, y su ausencia no afecta la validez civil o comercial del contrato entre las partes. Sin embargo, la falta de registro impide deducir las prestaciones pagadas al proveedor del exterior como gasto a los fines impositivos, por lo que en la práctica la inscripción suele ser conveniente cuando el contrato encuadra en el régimen de transferencia de tecnología.
¿Qué cambió específicamente con la Resolución INPI 38/2026?
