Seguros embebidos e insurtech en Argentina. Qué exige la SSN a las plataformas que ofrecen coberturas

Incorporar una cobertura dentro de una aplicación se volvió una decisión de producto habitual para billeteras, marketplaces, plataformas de movilidad y empresas de software, y dentro del sector insurtech argentino los seguros embebidos, es decir, las coberturas integradas en el flujo de compra o de uso de un servicio, son una de las tendencias con mayor proyección. La integración técnica con una aseguradora puede resolverse en pocas semanas mediante una API, pero la actividad queda alcanzada por un régimen específico que combina la Ley 17.418 de Seguros, la Ley 20.091 de Entidades de Seguros, la Ley 22.400 de Productores Asesores y el Reglamento General de la Actividad Aseguradora (RGAA), bajo la supervisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

Ese régimen no contiene un capítulo dedicado a las empresas insurtech, y la SSN incluso derogó en 2024, mediante la Resolución 420/2024, el Registro de Canales Digitales que había creado para los dominios y aplicaciones utilizados en la venta de seguros. El encuadre de cada proyecto de seguros embebidos depende entonces de lo que la plataforma hace en el recorrido del usuario, de quién percibe la retribución por la venta y de quién asume el riesgo, y una misma pantalla de oferta puede quedar del lado de la publicidad, de la intermediación o de la operación de seguro según cómo esté armado el negocio que la sostiene.

Qué modelos de seguros embebidos existen y cómo se encuadra cada uno

Bajo la etiqueta de insurtech conviven modelos de negocio con exigencias regulatorias muy distintas, y el primer paso del análisis consiste en ubicar el producto concreto dentro de las categorías que reconoce la normativa de seguros. El siguiente cuadro resume el encuadre probable de los modelos más frecuentes y el punto que habitualmente define el riesgo en cada caso.

Quién puede ofrecer seguros embebidos dentro de una aplicación

El análisis parte del artículo 1° de la Ley 22.400, que regula la intermediación consistente en promover la concertación de contratos de seguros y asesorar a asegurados y asegurables. El artículo 4° exige la inscripción en el registro de la SSN para ejercerla, y el artículo 7° niega a quienes no están inscriptos el derecho a percibir comisiones o remuneraciones por esa gestión, a la vez que obliga a las aseguradoras a abstenerse de operar con ellos y les prohíbe pagarles retribución alguna. El artículo 15 califica como falta grave facilitar o cooperar con esa actividad, y el punto 26.1.8 del RGAA limita las retribuciones de comercialización a quienes estén legalmente autorizados. Por eso, una plataforma que quiera vender seguros y cobrar por ello tiene dos vías regulatorias, y la elección entre ambas depende sobre todo de cuál sea su actividad principal.

Agente institorio, la figura pensada para empresas de otros rubros

El artículo 54 de la Ley 17.418 permite al asegurador designar representantes con facultades para actuar en su nombre, y la Resolución SSN 38.052/2013 reglamentó esa figura para las estructuras organizadas que ofrecen bienes o servicios en ramas ajenas al seguro. Es el canal que informaron utilizar en 2021 algunas de las principales billeteras del mercado, y su atractivo para un marketplace o una billetera que quiere sumar seguros embebidos reside en que no obliga a matricular al personal como productores. A cambio, exige inscripción previa en el Registro de Agentes Institorios, un mandato otorgado por escritura pública e inscripto, un departamento de seguros a cargo de un responsable idóneo, personal de atención al asegurado con capacitación anual y registros informáticos de operaciones y siniestros. El requisito que más condiciona a las empresas jóvenes es el del artículo 3°, que limita la inscripción a personas jurídicas con al menos dos años de trayectoria en su actividad principal, de manera que una startup con pocos meses de vida no llega al plazo y una insurtech cuyo único negocio es vender seguros difícilmente pueda acreditar la actividad ajena al seguro que presupone la figura.

Una vez inscripta, la empresa tiene que ajustar su relación con la aseguradora al punto 26.1.13 del RGAA, que contempla de manera expresa que empresas de otra naturaleza participen en la contratación de coberturas o las incluyan dentro de los productos y servicios que comercializan. El contrato debe respetar la tarifa aprobada, identificar a la aseguradora, discriminar el importe del seguro en facturas y demás documentos y prever que la retribución se pague después de la rendición íntegra de lo percibido. La discriminación del importe tiene un efecto directo sobre el diseño comercial de los seguros embebidos, porque impide presentar como beneficio sin costo visible una cobertura que el usuario paga dentro de una suscripción.

Sociedad de productores asesores, la figura para quien solo intermedia

Una insurtech cuyo negocio consiste en comparar y colocar pólizas encuentra su encuadre en los artículos 20 y 21 de la Ley 22.400, que admiten sociedades de productores asesores de seguros con objeto exclusivo de intermediación. Al menos cuatro de sus integrantes, o todos si son menos de cuatro, deben estar matriculados ante la SSN, y uno de ellos tiene que desempeñarse como director o gerente, lo que obliga a pensar la composición societaria desde el inicio y limita el ingreso de fundadores tecnológicos e inversores, un punto a considerar al definir la estructura legal de la startup. La exigencia de objeto exclusivo impide además que una fintech o un marketplace se conviertan ellos mismos en sociedad de productores, y el artículo 5° de la Resolución 38.052 establece que optar por el mandato institorio excluye actuar como intermediario, por lo que ambas figuras no pueden reunirse en un mismo sujeto.

Hasta dónde puede llegar una plataforma sin registro propio

Frente a esas exigencias, muchas plataformas que quieren ofrecer seguros embebidos optan por aliarse con un productor matriculado y limitarse a derivarle clientes. Ninguna norma traza con precisión el límite entre la publicidad y la promoción regulada, pero la Resolución SSN 768/2019 ofrece un antecedente ilustrativo sobre este esquema. El caso involucró a un club de fútbol que ofrecía seguros a sus socios en un sitio identificado con sus colores y su escudo, mientras la cotización y la gestión estaban a cargo de una sociedad de productores debidamente inscripta y las pólizas las emitía una aseguradora autorizada. La SSN entendió que el club actuaba como intermediario no registrado, consideró un agravante que percibiera una retribución vinculada a las operaciones, lo incluyó en el listado de inhabilitados, inhabilitó por tres meses a la sociedad de productores y aplicó un apercibimiento a la aseguradora. También objetó el uso de la palabra seguros en el nombre del sitio, con fundamento en el artículo 56 de la Ley 20.091, y calificó la presentación como publicidad equívoca en los términos del artículo 57.

Esa decisión no está firme, ya que la Resolución SSN 1000/2019 rechazó la reconsideración del club y concedió su apelación en relación y en ambos efectos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Aun así, el razonamiento de la SSN permite extraer cuatro indicadores para medir el riesgo de una alianza de este tipo, ninguno de ellos concluyente por sí solo.

• La forma de pago. Una comisión o un porcentaje atado a cada póliza acerca la operación a la intermediación en mayor medida que un precio fijo por un servicio publicitario.
• La marca bajo la que se presenta la oferta. Cuanto más parezca que quien asegura es la plataforma, mayor es la exposición, tanto para ella como para la aseguradora y el productor.
• El lugar donde ocurre la contratación. La derivación a un sitio identificado del productor o de la aseguradora genera menos riesgo que una cotización completa dentro de la propia aplicación.
• El contenido de los mensajes. Recomendar una cobertura o explicar sus alcances se asemeja al asesoramiento que describe la Ley 22.400, mientras que la simple exhibición de un anuncio se mantiene más cerca de la publicidad.

Por qué una póliza colectiva no permite obtener un margen

Otra alternativa consiste en que la plataforma contrate una póliza colectiva a su nombre y sume a sus usuarios como asegurados, sobre la base del seguro por cuenta ajena que admite el artículo 21 de la Ley 17.418. Para las ramas incluidas en el sistema de depósito de planes, los lineamientos aprobados por la Resolución SSN 384/2025 admiten la modalidad colectiva cuando existe un vínculo preexistente entre el tomador y los asegurados y un interés común entre estos que sea ajeno al seguro. La plataforma tiene ese vínculo con sus usuarios, y la discusión se concentra entonces en el interés común, más fácil de sostener en una comunidad definida, como los conductores de una aplicación de movilidad, que en una base abierta de clientes. Los mismos lineamientos prohíben otorgar retribuciones a tomadores y beneficiarios, salvo en pólizas con participación en utilidades, obligan a trasladar el premio sin gastos ni comisiones adicionales e impiden actuar como agente institorio o productor a quienes estén vinculados con el tomador. El seguro colectivo resulta útil, en consecuencia, para la plataforma que busca proteger a su comunidad sin obtener un ingreso por la cobertura.

Qué tiene que mostrar y conservar el flujo de contratación

Las Resoluciones SSN 644/2024 y 158/2025 reemplazaron el punto 25 del RGAA, que antes regulaba con detalle la oferta por medios electrónicos, el registro de la transacción y la baja. El diseño del flujo de los seguros embebidos se apoya hoy en un número reducido de reglas específicas del régimen asegurador, complementadas por el derecho del consumidor y por las normas sobre contratación electrónica.

• Identificación de los sujetos. El punto 26.1.13 exige identificar a la aseguradora y el importe del seguro, y el punto 25.1.2 pide consignar nombre, matrícula y datos de contacto del productor cuando interviene. El artículo 57 de la Ley 20.091 prohíbe la publicidad que pueda inducir a error sobre la naturaleza de la operación o sobre quién asegura.
• Información previa. El artículo 4° de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor exige informar en forma cierta, clara y detallada las condiciones de comercialización, y el artículo 1107 del Código Civil y Comercial agrega, para la contratación por medios electrónicos, el deber de explicar cómo utilizar el medio, qué riesgos presenta y quién los asume. El punto 25.1.1 del RGAA pide destacar exclusiones y advertencias en la póliza.
• Prueba del consentimiento. El artículo 11 de la Ley 17.418 dispone que el contrato de seguro solo puede probarse por escrito y admite cualquier otro medio, incluso digital, cuando existe principio de prueba por escrito, mientras que el artículo 1106 del Código Civil y Comercial tiene por satisfecha la forma escrita en los contratos de consumo celebrados en soporte electrónico. Esas normas permiten sostener una contratación íntegramente digital, siempre que la plataforma pueda reconstruir qué aceptó cada usuario, en qué momento y sobre qué versión de las condiciones.
• Entrega de la póliza. El punto 25.2.1 pone en cabeza exclusiva de la aseguradora la obligación de entregar o poner a disposición del tomador la póliza y demás documentación dentro de los quince días corridos desde la celebración del contrato, y el punto 25.2.2 le exige conservar las constancias de entrega, cualquiera sea el medio utilizado.
• Arrepentimiento y baja. La Disposición 954/2025 exige, en las contrataciones a distancia, enlaces destacados de arrepentimiento y de baja, sin registración previa y con la comunicación de un código de gestión dentro de las 24 horas, y la Disposición 3/2026 admite pasos razonables de verificación de identidad. Ninguna de las dos menciona a los seguros, pero su alcance general lleva a prever ambos enlaces en la contratación digital de coberturas.

A estas reglas se suma el artículo 40 de la Ley 24.240, que extiende la responsabilidad a quien pone su marca en un servicio y a quienes integran la cadena de comercialización. La relación entre esa ley y el régimen de seguros sigue discutida desde que la Corte Suprema, en “Buffoni” (2014), dio prevalencia a la Ley 17.418 en un caso sobre exclusión de cobertura opuesta a un tercero, mientras que la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial aplicó el artículo 40 en “Maggio” (2016) para condenar en forma solidaria a un productor como integrante de esa cadena. Una plataforma que presenta la cobertura con su propia identidad visual debería prever, en el contrato con la aseguradora, indemnidades y derechos de repetición, junto con las cláusulas de continuidad que analizamos en la nota sobre dependencia de proveedores externos.

Qué cambia cuando la plataforma también otorga crédito

Las fintech que financian a sus usuarios enfrentan límites adicionales cuando la cobertura acompaña al préstamo o a la compra financiada, siempre que se encuentren comprendidas en el régimen de proveedores no financieros de crédito del BCRA, al que desde 2020 se aplican las normas sobre protección de usuarios financieros. El punto 2.3.12 de esas normas impide cobrar al usuario comisiones o cargos por el seguro de vida sobre saldo deudor, que el sujeto obligado debe contratar o autoasegurar en las financiaciones a personas humanas. Para los demás seguros accesorios exige ofrecer al menos tres aseguradoras no vinculadas entre sí y prohíbe registrar retribuciones o utilidades por esas coberturas, de modo directo o indirecto. En el plano asegurador, el artículo 8° de la Resolución 38.052, en la redacción de la Resolución 407/2023, impide al agente institorio condicionar la venta de un bien o servicio a la contratación del seguro, en línea con el artículo 1099 del Código Civil y Comercial, y cuando el seguro cubre su propio interés en la financiación le exige ofrecer al menos tres aseguradoras no vinculadas, número que asciende a cinco en los seguros accesorios a créditos prendarios y a planes de capitalización y ahorro. Antes de proyectar ingresos por seguros, una fintech de crédito necesita separar la cobertura vinculada a sus propias financiaciones de la que ofrece de manera independiente.

Seguros paramétricos y compensaciones que financia la propia plataforma

La novedad normativa más relevante para este mercado es la Resolución SSN 315/2026, publicada el 23 de julio de 2026, que incorporó el punto 23.8 al RGAA y define al seguro paramétrico como aquel en el que la indemnización se activa al alcanzarse el valor de un índice predeterminado, sin que el asegurado deba justificar la existencia ni el monto de los daños. Para una insurtech, esta estructura permite automatizar el pago a partir de datos objetivos, con un plazo máximo de quince días corridos desde el evento, aunque el régimen impone condiciones que inciden en el diseño del producto. Prohíbe la modalidad en los seguros de personas, exige como regla autorización particular de la SSN con un estudio de factibilidad y un índice validados por un actuario independiente, obliga a incluir la expresión seguro paramétrico o cobertura paramétrica en la denominación y no admite su comercialización como cláusula adicional de otra póliza. En consecuencia, una plataforma solo puede ofrecerlo como una cobertura propia e identificada, y no bajo una denominación genérica como protección o garantía. La póliza debe identificar además al proveedor del índice y prever uno alternativo, y la documentación tiene que explicar el riesgo base, es decir, la posibilidad de que el daño real y el pago no coincidan.

El régimen también obliga a mirar con otros ojos las compensaciones automáticas que algunas plataformas ofrecen por su cuenta, como un reintegro ante una demora o una cancelación, financiado por la propia empresa y atado a un dato objetivo. El artículo 3° de la Ley 20.091 permite a la SSN alcanzar las operaciones asimilables al seguro, y el artículo 61 sanciona a quienes anuncien u ofrezcan operaciones de seguros sin autorización, con nulidad de los contratos y responsabilidad solidaria de los administradores. Un beneficio accesorio y acotado al propio servicio presenta un riesgo bajo, pero el encuadre debe revisarse cuando se vende por separado, tiene un precio específico o cubre riesgos ajenos a la prestación principal.

Datos personales, inteligencia artificial y prevención de lavado

La transmisión de datos de usuarios desde la plataforma hacia la aseguradora o el productor necesita una base suficiente en la Ley 25.326 y un consentimiento informado, en especial cuando las coberturas de vida, salud o accidentes personales requieren datos sensibles, y el contrato debería definir quién actúa como responsable del tratamiento en cada etapa. Si la suscripción o la gestión de siniestros se automatizan mediante inteligencia artificial, la aseguradora conserva íntegras sus obligaciones frente al asegurado y las tarifas no pueden resultar discriminatorias en los términos del punto 26.1.2 del RGAA. En materia de lavado de activos, la Resolución UIF 126/2023 alcanza a productores, sociedades de productores y agentes institorios solo cuando comercializan seguros de vida con componente de ahorro o de retiro, de modo que la distribución de coberturas patrimoniales queda, en principio, fuera de ese régimen específico.

Cuestiones que la normativa todavía no resuelve

El marco vigente fue diseñado para una distribución presencial y deja abiertas varias preguntas que los proyectos de seguros embebidos deben responder con criterio propio. Los artículos 25 y 26 de la Resolución 38.052 regulan un afiche informativo para establecimientos físicos y, aunque la Resolución 616/2025 admitió el uso de un código QR, sigue sin existir una regla equivalente para quien opera solo por aplicación, del mismo modo que el artículo 20 exige un responsable de atención en cada punto de venta sin precisar cómo se traslada esa exigencia a un canal digital. Tampoco está definido el interés común que requieren los seguros colectivos cuando los asegurados comparten apenas el uso de un servicio, ni quién debe ofrecer el enlace de baja cuando el usuario contrató en una aplicación y la póliza la emitió otra empresa, lo que aconseja replicar el acceso en ambos canales. Las normas citadas no resuelven, por último, qué ocurre con la cobertura y el premio si el usuario ejerce el arrepentimiento dentro del plazo del artículo 34 de la Ley 24.240 después de ocurrido un siniestro.

A esas dudas se agrega el debate sobre el público de los agentes institorios. Cuando las asociaciones de productores objetaron la inscripción de un gran marketplace, argumentaron que esta figura supone clientes propios y que la plataforma solo conecta a terceros. La Resolución 38.052 no contiene esa restricción en forma expresa, aunque pide informar el perfil de los clientes, y por eso los marketplaces deberían documentar con cuidado cómo se relacionan con quienes contratan la cobertura. El marco descripto puede además cambiar en el corto plazo, ya que el 30 de julio de 2026 el Poder Ejecutivo anunció que enviará al Congreso un proyecto para que las aseguradoras puedan crear y comercializar productos sin aval previo del regulador, y en marzo se había presentado en la Cámara de Diputados el expediente 0391-D-2026, que propone revisar las Leyes 17.418, 20.091 y 22.400, acompañado por un proyecto de declaración que plantea incorporar intermediarios digitales. Mientras ninguna reforma se sancione, la Ley 22.400 sigue plenamente vigente, y los contratos de los proyectos que se lancen hoy deberían prever su adaptación a un régimen distinto.

Qué revisar antes de sumar seguros embebidos a una plataforma

La elección de la vía depende de la etapa del proyecto y de cómo pretende obtener ingresos con la cobertura. Una empresa con más de dos años de actividad y una base propia de clientes puede evaluar el mandato institorio, que le permite percibir una retribución y ofrecer la cobertura dentro de su propio flujo, con las restricciones ya vistas para los seguros accesorios a sus financiaciones. Una startup más joven puede comenzar con una alianza publicitaria a precio fijo, con la contratación en el canal identificado del productor o de la aseguradora, y migrar al mandato cuando cumpla el plazo. Una insurtech de distribución necesita su propia sociedad de productores, y quien busca proteger a su comunidad sin generar un ingreso puede recurrir a una póliza colectiva. Definida la vía, quedan tres frentes de trabajo.

• Mapa de funciones. Describir pantalla por pantalla quién ofrece, quién asesora, quién cobra y quién emite la póliza, porque el encuadre regulatorio surge de esa secuencia.
• Contrato con la aseguradora. Incluir las previsiones del punto 26.1.13, la asignación de responsabilidades frente a reclamos, los niveles de servicio de la integración y el destino de la cartera si la relación termina.
• Marca, comunicación y documentos. Revisar el nombre comercial, los dominios y los textos de la oferta a la luz de los artículos 56 y 57 de la Ley 20.091, separar los términos y condiciones de la plataforma de las condiciones de la póliza y conservar la aceptación de cada contratación.

Preguntas frecuentes sobre insurtech en Argentina

¿Una aplicación puede vender seguros sin inscribirse ante la SSN?

Una aplicación que promueve la contratación de pólizas y cobra por ello necesita, como regla, actuar como agente institorio inscripto o como sociedad de productores. La SSN ya sancionó una operatoria en la que una entidad no registrada captaba clientes y percibía una retribución, aun cuando un productor matriculado completaba las operaciones.

¿Qué diferencia hay entre un agente institorio y una sociedad de productores?

El agente institorio es una persona jurídica con otra actividad principal que actúa en nombre de la aseguradora bajo un mandato y debe acreditar al menos dos años de trayectoria. La sociedad de productores tiene por objeto exclusivo la intermediación, asesora a los asegurables y debe estar integrada por productores matriculados en la proporción que fija la ley.

¿Se puede cobrar una comisión por derivar clientes a una aseguradora?

Según el artículo 7° de la Ley 22.400, quien no está inscripto no tiene derecho a comisiones por gestionar seguros y la aseguradora tiene prohibido pagárselas. Un servicio publicitario con precio fijo presenta menos exposición, aunque el análisis depende también de la marca utilizada y del lugar donde ocurre la contratación.

¿Un seguro paramétrico puede ofrecerse dentro de una aplicación?

La Resolución SSN 315/2026 no impide su distribución digital, siempre que se comercialice por una vía habilitada, como una cobertura propia y con la denominación obligatoria. No puede funcionar como cláusula adicional de otra póliza ni aplicarse a seguros de personas.

Estudio Lexar asesora a empresas de tecnología, fintechs y plataformas digitales en el encuadre regulatorio de productos que incorporan coberturas de seguro, en los contratos con aseguradoras y productores y en la adecuación de términos y condiciones y flujos de contratación, como parte de su práctica en fintech y regulación financiera digital, en articulación con la de derecho informático y con el marco regulatorio del ecosistema fintech que analizamos en otras publicaciones.