En un mundo hiperconectado, la imagen pública de una persona o empresa no se construye únicamente en el plano físico, sino también —y cada vez más— en el entorno digital. Opiniones, comentarios, reseñas, publicaciones en redes sociales o incluso los resultados de una búsqueda en Google pueden definir la percepción que otros tienen sobre nosotros. Esta construcción simbólica es lo que conocemos como reputación online, y su preservación plantea desafíos jurídicos crecientes.
Frente a ataques que dañan esa reputación, el ordenamiento argentino ofrece diversas herramientas legales. Esta nota explora el marco normativo vigente, la jurisprudencia más relevante y los mecanismos disponibles para proteger la reputación online en Argentina.
1. El derecho al honor y su proyección digital
La reputación es una manifestación del derecho al honor, consagrado por el artículo 19 de la Constitución Nacional y protegido además por tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 11).
El Código Civil y Comercial de la Nación también ampara este derecho en su artículo 52, que reconoce la posibilidad de reclamar la cesación del hecho lesivo, la publicación de la sentencia y la reparación del daño. A su vez, el artículo 53 prevé la posibilidad de accionar por protección de datos personales —lo que se relaciona directamente con el llamado “derecho al olvido” en Internet—.
Así, cuando se difunde información falsa, agraviante o innecesariamente lesiva, la persona afectada puede accionar legalmente para proteger su reputación online.
2. Injurias, calumnias y difamación en Internet
En el plano penal, los delitos contra el honor están tipificados en los artículos 109 a 117 bis del Código Penal. Las calumnias implican la falsa imputación de un delito, mientras que las injurias abarcan toda expresión ofensiva que afecte el honor o la dignidad de una persona.
Desde la derogación de la “doctrina de la real malicia” para los particulares (establecida en el caso “Kimel” por la Corte Suprema), las personas pueden denunciar penalmente publicaciones injuriantes incluso en redes sociales, blogs, foros u otros canales digitales. Sin embargo, la sanción penal suele reservarse para casos extremos, siendo más común —y ágil— la vía civil.
3. ¿Qué responsabilidad tienen las plataformas?
Uno de los grandes debates jurídicos sobre la reputación online es el alcance de la responsabilidad de los intermediarios: ¿son responsables Google, Facebook, X (ex Twitter) o Instagram por los contenidos que difunden sus usuarios?
La Corte Suprema Argentina se pronunció al respecto en el fallo “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc.” (2014), estableciendo que los buscadores no son responsables automáticamente por los contenidos que indexan, salvo que hayan sido notificados de su carácter ilícito y no los hayan removido. Esta doctrina —conocida como “notificación y remoción” o notice and takedown— marcó un estándar: sin notificación fehaciente, no hay responsabilidad.
Sin embargo, los jueces pueden ordenar medidas cautelares para que los buscadores y redes eliminen ciertos resultados o publicaciones cuando existe verosimilitud del derecho y peligro en la demora. En este contexto, muchas plataformas han desarrollado formularios de denuncia específicos para Argentina.
4. Cómo actuar ante un ataque a tu reputación online
Cuando una persona o empresa detecta una publicación falsa, injuriante o degradante, existen distintas vías para accionar. El abordaje legal dependerá de la gravedad, el alcance y el canal donde se haya difundido el contenido:
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Carta documento o intimación extrajudicial al autor o al administrador del sitio.
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Formulario de reporte en la plataforma: Google permite solicitar la remoción de resultados por difamación, Meta cuenta con canales de reporte por discurso de odio o información falsa, y X acepta denuncias por suplantación de identidad o contenido nocivo.
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Medidas cautelares judiciales para obtener el bloqueo inmediato del contenido.
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Acción de amparo en casos urgentes que afecten derechos fundamentales.
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Acciones civiles por daños y perjuicios, incluyendo el reclamo de una indemnización por daño moral.
En casos más complejos, como publicaciones en foros anónimos o sitios extranjeros, es clave actuar rápidamente y con asesoría legal especializada, ya que muchas plataformas fijan plazos estrictos para conservar los datos del autor (IP, logs, etc.).
5. Reputación online y daño digital: ¿cómo se prueba?
Probar el daño derivado de una afectación a la reputación online no siempre es sencillo. La justicia exige demostrar:
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La existencia del contenido lesivo (mediante capturas certificadas, actas notariales o informes periciales).
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La vinculación del contenido con el afectado.
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La difusión efectiva (número de visitas, interacciones, posicionamiento en buscadores).
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El perjuicio real (pérdida de oportunidades laborales, afectación psicológica, impacto económico o comercial).
En los últimos años, la jurisprudencia argentina ha reconocido cada vez más el daño digital como una categoría específica dentro del derecho de daños. En fallos como “S. A. c/ P. y otros” (2019), los jueces otorgaron indemnizaciones por la persistencia de publicaciones agraviantes, aún cuando ya habían sido retiradas, reconociendo el impacto residual sobre la reputación.
6. El “derecho al olvido”: un caso emblemático
Un caso paradigmático en Argentina fue el de la modelo Natalia Denegri, quien solicitó que se eliminaran de Google resultados vinculados a una causa judicial mediática ocurrida 20 años antes. Si bien en primera instancia la justicia le dio la razón, la Corte Suprema revocó esa decisión en 2022, destacando el valor de la libertad de expresión y el interés público de la información.
Este caso confirmó que el “derecho al olvido” no opera automáticamente y que debe ponderarse en cada caso el derecho al honor frente al derecho a la información. Aun así, marcó un precedente sobre la protección de la reputación online y sus tensiones con otros derechos.
7. Proteger la reputación digital exige estrategia
La reputación online ya no es un asunto exclusivo de figuras públicas o grandes empresas. Cualquier profesional, emprendimiento o usuario puede verse afectado por una publicación falsa, un comentario malicioso o una viralización injusta.
Protegerla requiere una combinación de prevención (monitoreo de menciones y alertas), reacción rápida (uso de canales de denuncia y preservación de pruebas), y respaldo jurídico especializado. En un entorno donde la información circula sin fronteras, entender los mecanismos legales disponibles es clave para defender lo que más vale: la confianza y el buen nombre.
