El 13 de febrero de 2026 el Senado otorgó media sanción al proyecto de reforma laboral llamado “Modernización Laboral”. Posteriormente, la Cámara de Diputados introdujo modificaciones —entre ellas, la eliminación del artículo que proponía cambios en el régimen de licencias por enfermedad no laboral— por lo que el texto deberá volver a consideración del Senado. El proceso legislativo continúa abierto.
Más allá de la dinámica política, desde el punto de vista empresarial la discusión se concentra en un eje específico, el nivel de previsibilidad del sistema.
En términos estrictamente jurídicos y económicos, el derecho laboral incide de manera directa en la estructura de costos, en la planificación financiera y en la gestión del riesgo contingente. Cuando el costo de desvinculación resulta difícil de estimar, cuando los esquemas sancionatorios generan acumulaciones significativas por incumplimientos formales o cuando la litigiosidad incrementa la incertidumbre, la consecuencia natural es una conducta organizacional defensiva: contratar menos, tercerizar más o directamente no crecer. No se trata de una discusión ideológica, sino de análisis de riesgo. En la práctica, el costo de despido en Argentina no se limita a la indemnización base, sino que puede verse incrementado por multas y agravantes legales, lo que vuelve aún más complejo el cálculo ex ante de la contingencia.
El proyecto de reforma laboral en tratamiento intenta intervenir en tres aspectos centrales: (i) previsibilidad indemnizatoria, (ii) incentivos a la formalización y (iii) reducción de litigiosidad. En abstracto, cualquier esquema que tienda a hacer calculable el riesgo jurídico contribuye a ordenar la toma de decisiones empresariales.
Sin embargo, una reforma estructural no debería limitarse al costo de salida del vínculo laboral. Existen zonas grises que el sistema actual no ha resuelto adecuadamente. La delimitación entre relación laboral y prestación autónoma en entornos digitales continúa generando conflictos interpretativos. La organización tradicional del tiempo de trabajo presenta tensiones evidentes frente a modalidades híbridas y remotas. Asimismo, el régimen de multas formales, en determinados supuestos, equipara meros errores o incumplimientos administrativos con conductas de evasión o fraude deliberadas, produciendo efectos desproporcionados.
Desde una perspectiva técnica, el desafío consiste en diferenciar el incumplimiento sustancial del error formal, preservando la tutela del trabajador sin generar sanciones que desincentiven la formalización.
Uno de los puntos que generó mayor debate fue el régimen de licencias por enfermedad no laboral. El texto original proponía modificaciones que finalmente fueron eliminadas en Diputados. Allí la discusión suele plantearse en términos binarios —mayor o menor protección— cuando el problema estructural es más complejo.
La enfermedad no laboral forma parte del riesgo social que el sistema debe contemplar. La cuestión radica en el diseño de los mecanismos de control y auditoría. Cuando los procesos de verificación médica son lentos, poco transparentes o carecen de criterios uniformes, la empresa asume costos sin herramientas claras de gestión, y el trabajador legítimamente enfermo queda expuesto a cuestionamientos que erosionan la confianza recíproca.
El debate debería orientarse a mejorar la arquitectura institucional del control mediante, por ejemplo, digitalización de certificados, trazabilidad de auditorías, interoperabilidad entre prestadores y plazos ciertos de revisión. La discusión sobre el nivel de protección pierde eficacia si no se aborda el diseño operativo del sistema.
En la práctica diaria, observamos que las empresas no plantean la necesidad de reducir derechos laborales, sino de contar con un marco normativo estable, coherente y previsible. La previsibilidad no implica desprotección para los trabajadores, al tiempo que permite tener margen de planificación para empleadores.
La media sanción abre una instancia relevante para revisar no solo el monto de las contingencias, sino la lógica integral del régimen. Una modernización genuina debería fortalecer la formalización, reducir incentivos a la litigiosidad oportunista y dotar al sistema de mayor coherencia técnica.
El equilibrio no se alcanza desplazando la balanza hacia uno u otro extremo, sino mejorando el diseño institucional del derecho del trabajo en función de la realidad productiva actual, ese debiera ser el eje orientador de esta reforma laboral .
