En la actualidad, los delitos informáticos representan una de las principales amenazas legales y operativas para empresas de todos los tamaños. La creciente digitalización de los procesos de negocio, el uso extendido de tecnologías en la gestión de datos y la interacción constante con plataformas en línea exponen a las organizaciones a riesgos que trascienden el ámbito tecnológico y requieren respuestas jurídicas especializadas.
Comprender qué son los delitos informáticos, cómo se manifiestan y qué medidas pueden adoptarse para prevenirlos es fundamental para minimizar su impacto y evitar responsabilidades legales.
¿Qué son los delitos informáticos?
Los delitos informáticos, también conocidos como ciberdelitos o delitos tecnológicos, son aquellas conductas ilícitas que se cometen utilizando sistemas informáticos, redes digitales o recursos tecnológicos como medios o como objetivo del delito. Abarcan una amplia gama de conductas tipificadas tanto en el Código Penal Argentino como en leyes específicas y, en muchos casos, también en normativas internacionales.
No se trata únicamente de ataques sofisticados perpetrados por grupos organizados. Muchas infracciones pueden surgir por acciones internas de empleados, errores de configuración, vulnerabilidades no corregidas o incluso falta de cumplimiento normativo en el manejo de datos personales o propiedad intelectual.
Tipos más comunes de delitos informáticos
Si bien la casuística es amplia y evoluciona constantemente, algunos de los delitos informáticos más frecuentes que enfrentan las empresas incluyen:
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Fraude informático (fraude digital)
Manipulación de sistemas o datos para obtener un beneficio económico indebido. Incluye el uso de malware, modificación de sistemas contables o plataformas de pago.
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Phishing y suplantación de identidad
Obtención de credenciales o datos sensibles mediante engaños, generalmente a través de correos electrónicos falsos, sitios web fraudulentos o redes sociales.
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Acceso indebido a sistemas
Ingreso no autorizado a redes, servidores o sistemas internos de una empresa, ya sea para obtener información, causar daños o robar activos digitales.
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Ransomware
Infección de sistemas mediante software malicioso que bloquea o cifra datos, exigiendo un rescate económico para su liberación.
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Intercepción de comunicaciones
Acceso o captura de comunicaciones electrónicas, violando la confidencialidad de las mismas.
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Delitos contra la propiedad intelectual digital
Reproducción o distribución no autorizada de software, bases de datos, contenidos protegidos por derechos de autor o marcas en entornos digitales.
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Daño informático
Destrucción o alteración de datos, programas o sistemas ajenos, ya sea mediante ataques directos o como consecuencia de incidentes de seguridad.
Cómo afectan estos delitos a las empresas
El impacto de los delitos informáticos puede ser devastador y multidimensional. Desde la interrupción de operaciones críticas hasta la pérdida de datos confidenciales, pasando por daños a la reputación corporativa y pérdidas económicas directas.
Además, las empresas pueden enfrentar consecuencias legales derivadas de estos incidentes, incluyendo:
- Responsabilidad civil frente a clientes, proveedores o terceros afectados.
- Sanciones administrativas por incumplimiento de normativas de protección de datos personales.
- Acciones penales en casos donde se compruebe negligencia o participación dolosa en actividades ilícitas.
- Obligaciones de notificación ante incidentes de seguridad, según lo dispuesto por leyes como la Ley 25.326 y estándares internacionales aplicables.
Incluso cuando la empresa es víctima y no autora de un delito informático, su respuesta ante el incidente y la existencia (o ausencia) de medidas preventivas pueden ser factores determinantes en su responsabilidad legal.
Medidas de prevención: claves para las empresas
La prevención de delitos informáticos no es solo una cuestión de seguridad técnica. Requiere un enfoque integral que combine buenas prácticas tecnológicas con estrategias jurídicas adecuadas.
Algunas de las principales acciones preventivas incluyen:
Implementación de políticas de seguridad de la información
Establecer protocolos claros sobre el uso de sistemas, gestión de contraseñas, acceso a redes y tratamiento de datos sensibles.
Capacitación del personal
Educar a los empleados sobre riesgos comunes, prácticas de phishing, manejo seguro de información y respuesta ante incidentes.
Contratos tecnológicos adecuados
Asegurar que los contratos con proveedores de servicios informáticos incluyan cláusulas de seguridad, confidencialidad y niveles de servicio (SLA) que asignen responsabilidades de manera clara.
Cumplimiento de normativas de protección de datos
Adaptar los procesos internos a la Ley 25.326 y a estándares internacionales, contemplando políticas de privacidad, consentimiento informado y medidas de seguridad técnicas y organizacionales.
Auditorías legales y técnicas periódicas
Revisar la adecuación de los sistemas y contratos a las leyes vigentes y a las mejores prácticas de la industria.
Planes de respuesta ante incidentes
Diseñar procedimientos que permitan actuar rápidamente en caso de ciberataques o incidentes de seguridad, minimizando daños y cumpliendo con las obligaciones legales de notificación.
El rol del asesoramiento legal especializado
Frente a la complejidad y dinamismo de los delitos informáticos, contar con asesoramiento legal especializado es indispensable. Un abogado con experiencia en derecho informático no solo brinda asistencia en litigios o conflictos una vez ocurrido el hecho, sino que trabaja en la prevención y en la construcción de marcos jurídicos sólidos que permitan a la empresa operar con seguridad.
El abogado especializado puede:
- Redactar y revisar contratos tecnológicos que contemplen riesgos informáticos.
- Asesorar en políticas internas de seguridad y cumplimiento normativo.
- Intervenir en auditorías legales de procesos tecnológicos.
- Representar a la empresa en denuncias o reclamos vinculados a incidentes informáticos.
- Coordinar acciones legales frente a ataques o fraudes sufridos.
- Brindar soporte en casos de filtraciones de datos o incumplimientos de protección de datos.
Su rol es anticipar problemas legales derivados de entornos digitales y diseñar soluciones preventivas que minimicen la exposición al riesgo.
En Lexar contamos con más de 20 años de experiencia asesorando a empresas, instituciones y emprendimientos vinculados a la tecnología. Nuestra práctica en derecho informático abarca desde la prevención y gestión de riesgos legales hasta la representación en conflictos derivados de delitos informáticos.
Brindamos asesoramiento en redacción de contratos tecnológicos, cumplimiento de normativas de datos, políticas de ciberseguridad, respuesta a incidentes de seguridad y defensa legal en casos de fraudes digitales, accesos indebidos o suplantaciones de identidad.
Trabajamos en estrecha colaboración con equipos técnicos, comprendiendo tanto el entorno jurídico como los aspectos operativos y tecnológicos de cada situación.
Si tu empresa necesita asistencia para prevenir o responder ante delitos informáticos, estamos preparados para ofrecer soluciones jurídicas a medida que protejan tus activos y tu reputación.
