La legislación argentina prevé ahora una figura delictiva específica referida a la intrusión de sistemas y bases de datos. El delito así queda conformado por el acceso no autorizado, sin que se requiera la existencia de un segundo delito como podría ser el daño a tales sistemas o la utilización de la información para la comisión de extorsiones. Ello así, la intrusión en si misma pude ser denunciada por quien la sufra sin necesidad de acreditar un daño o amenaza a sus derechos.
